Corrupción, Elecciones y Seguridad Nacional

por Javier Santiago Castillo

El sistema político para sobrevivir requiere combatir la corrupción. A lo largo de décadas, este fenómeno social ha jugado un papel de adhesivo sistémico. Era un mecanismo de cooptación, control y cohesión política de la élite dominante y expresión de acumulación primitiva de capital. Se ha modificado, por ello se requiere una conceptualización acorde con la realidad presente, con el fin de construir mejores herramientas para combatirla.
Para analizar la corrupción en nuestro país es relevante recuperar la tipología reseñada por Holmes (¿Que es la Corrupción?) y elaborada por el Banco Mundial, que a partir del año 2000 distingue entre la “corrupción administrativa” y “captura del Estado” y son catalogadas como “formas de una corrupción grande”, prefiero utilizar el término de “corrupción en gran escala”. La corrupción administrativa consiste en “…formas ‘pequeñas’ de sobornos asociadas con la instrumentación de leyes, normas y regulaciones”. Por su parte, a captura del Estado es cuando “empresas que definen y afectan la formulación de las reglas del juego a través de pagos privados a políticos y funcionarios públicos”. Como toda tipología es útil para analizar la realidad, pero, como ocurre con regularidad la realidad la desborda.
En esta lógica, el concepto de “captura del Estado” puede incluir a otros actores, más allá de las empresas, como las iglesias, la delincuencia organizada, grupos sociales o hasta los propios partidos políticos. Otro aspecto a considerar es cuando las afectaciones de las reglas del juego no se den únicamente por algún pago, sino por la expectativa de recibir en el futuro otro “favor” a cambio. Existen estudios que muestran que esta es una conducta recurrente de la delincuencia organizada y de algunos empresarios; los sobornos de Odebrecht dispersados a políticos de América Latina son un claro ejemplo.
Lo anterior nos lleva a una definición más vigorosa del concepto “captura del Estado” como: “actores económicos, sociales o políticos que definen y afectan la formulación de las reglas del juego a través de pagos privados o algún otro tipo de beneficio a políticos y funcionarios públicos”. Esta reformulación nos permitirá más adelante definir el fenómeno de la corrupción en nuestro país.
En el México posrevolucionario el uso corriente de la corrupción era utilizar discrecionalmente del presupuesto para financiar actividades políticas o para enriquecerse sin ningún recato o vía la corrupción administrativa cobrando a los empresarios gratificaciones, el conocido diezmo, equivalente al 10 por ciento del costo de la obra o transacción comercial. Gonzalo N. Santos, último cacique potosino, es elocuente al describir estas acciones.
El uso de las facturas falsas tiene, al menos, un par de décadas como componente rutinario para la evasión fiscal o para adquisiciones gubernamentales. Las empresas fantasmas fueron utilizadas, inicialmente, por la delincuencia organizada para lavar el dinero producto de sus actividades. Por los indicios que están apareciendo en el panorama político es, desde hace una década que se fue convirtiendo en una sofisticada forma de sustraer los recursos del erario, pero alcanzó un elevado grado de refinamiento el sexenio pasado. En el libro la Estafa Maestra (Nayeli Roldán, Miriam Castillo y Manuel Ureste) se desvela la construcción de un novedoso “modus operandi”, va más allá de las acusaciones en contra de Rosario Robles en la Sedesol, que es sofisticado y aprovechó la complicidad de directivos de diversas universidades.
En lo esencial la operación consistió en hacer adjudicaciones directas a las universidades y estas subcontrataban empresas fantasmas o personas físicas, que a su vez subcontrataban otras empresas fantasmas; se dio el caso de empresas fantasmas entregaron el dinero a otra empresa fantasma concentradora sin siquiera fingir una subcontratación.
En el libro sólo se analizaron 73 convenios firmados entre 11 dependencias y ocho universidades, los cuales suman 7 mil 670 millones de pesos. En el sexenio anterior se firmaron 2 mil 81 convenios de este tipo, que involucraron 31 mil millones de pesos. En conferencia de prensa reciente el Fiscal General de la República mencionó que la estafa maestra en la Sedesol representaba 15 mil millones de pesos. Hasta aquí podemos establecer que es un mecanismo de “corrupción administrativa” con fines de enriquecimiento personal y para financiar actividades político electorales. Todavía las investigaciones de la Fiscalía tienen que desenredar la madeja.
Los casos de Genaro García Luna, de Etileno XXI y de Odebrecht por los sobornos recibidos por Emilio Lozoya, se pueden catalogar como “corrupción de captura del Estado”, aunque, en el primer caso todavía tienen que probarse plenamente y en el segundo y tercero tienen que aportarse y encontrarse pruebas suficientes para juzgar y, en su caso sancionar, a los involucrados de esa maraña de complicidades.
De comprobarse la protección al Cartel de Sinaloa por parte de García Luna y el financiamiento a un candidato presidencial, lo cual sería una clara injerencia en la vida democrática del país, con la finalidad de obtener posteriormente contratos de Pemex, empresa productiva del Estado que explota un recurso natural de enorme valía para el desarrollo nacional, serían actos atentatorios a la Seguridad Nacional. En el caso de García Luna todavía no se tiene una cifra contundente del dinero involucrado en los sobornos y en el caso de Lozoya él mismo ha declarado que el soborno fue de 10 millones de dólares.
Los señalamientos contra los implicados (dos expresidentes, exsecretarios de Estado, senadores y diputados), todavía no imputados, transitan desde delitos electorales, pasando por corrupción, ejercicio ilícito del servicio público, abuso de autoridad, lavado de dinero y muy probablemente por el de delincuencia organizada. Pero existe un tipo penal que pudiera configurarse en los casos de García Luna, si se le juzgara en México, y el de los sobornos de Odebrecht, que es el de traición a la patria, pues ese delito se configura cuando algún mexicano “Realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la Nación Mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero”.
A todas luces, juzgar a los responsables de atentar contra el erario y el interés de la Nación que han aparecido en el firmamento político y judicial es una tarea hercúlea, los establos de Augias son una minucia ante la inmundicia y el hedor que despiden estas acciones de corrupción en gran escala. Enfrenta retos en la investigación y en el ámbito judicial, porque tampoco son espacios exentos de ser tentados por el rey Midas. Corren versiones en las altas esferas de la Suprema Corte sobre la cooptación, por la delincuencia organizada de circuitos judiciales y de resistencia a recurrir a la figura de jueces sin rostro, que ha sido eficaz en otros países para juzgar a miembros de la delincuencia organizada. La opacidad con la que históricamente se ha conducido el Poder Judicial ha favorecido la corrupción a su interior. Un Poder Judicial honorable y eficaz es indispensable para darle viabilidad al sistema.
Es lamentable la filtración de la denuncia de Emilio Lozoya y el video de la entrega de millones de pesos a funcionario del Senado relacionado con el PAN, porque ha dado pie a un espectáculo mediático, que ha sido aderezado con otro video del hermano del presidente recibiendo dinero en efectivo. “Dos videos no hacen verano”, judicialmente sólo son indicios.
El gobierno, el partido en el poder y los partidos opositores han caído en el juego mediático frívolo buscando sacar raja política con vista a las elecciones de 2021. Tal comportamiento no abona la ruta de sanear la vida pública. La población quiere justicia y recuperar el dinero mal habido. El espectáculo puede nutrir una mayor irritación contra toda la clase política, que nos lleve a escenarios de desazón social que culmine con un “que se vayan todos” o de violencia descontrolada. La experiencia de la historia es que han sido las propias clases políticas las que han cavado sus tumbas, recuerden, al menos, Italia y Argentina.
Es verdad “el pueblo está cansado de tanta pinche transa”, pero de toda la clase política y toda es toda.

Profesor UAM-I,
Twitter: @jsc_santiago
www.javiersantiagocastillo.com

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